La efectiva clausura de la comunidad terapéutica San Camilo, como resultado de las “graves irregularidades” constatadas durante el monitoreo realizado por el Órgano de Revisión Local (ORL) de la Ley de Salud Mental, motivó a fines del año pasado la decisión del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, por lo que en la actualidad no debe quedar ninguna persona internada en el establecimiento de Pilar.
La efectiva clausura de la comunidad terapéutica San Camilo, como resultado de las “graves irregularidades” constatadas durante el monitoreo realizado por el Órgano de Revisión Local (ORL) de la Ley de Salud Mental, motivó a fines del año pasado la decisión del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, por lo que en la actualidad no debe quedar ninguna persona internada en el establecimiento de Pilar.
En efecto, la intervención de la secretaría ejecutiva del ORL, que hizo el relevamiento en las instalaciones de la Fundación San Camilo en forma conjunta con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), permitió visualizar las “graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios”.
Y en esa línea, verificó “la inexistencia de tratamientos enmarcados en la Ley de Salud Mental” como “la presencia de niños y niñas, alojados junto a personas adultas”.
Bajo ese panorama, el ORL le pidió a la cartera sanitaria bonaerense - como autoridad de aplicación de la Ley de Salud Mental en la Provincia- el cierre de la Comunidad Terapéutica Fundación San Camilo, que finalmente se produjo el 22 de noviembre pasado, por lo que desde esa fecha hasta la actualidad no debe quedar ningún usuario del sistema en el establecimiento.
El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, en el marco de la adhesión del Estado bonaerense a la ley nacional de salud mental, preside el ORL y en ese contexto, el Defensor Adjunto en Derechos Humanos y Salud, Marcelo Honores, es el responsable de instrumentar los monitoreos en los establecimientos de salud de la Provincia.
En efecto, la intervención de la secretaría ejecutiva del ORL, que hizo el relevamiento en las instalaciones de la Fundación San Camilo en forma conjunta con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), permitió visualizar las “graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios”.
Y en esa línea, verificó “la inexistencia de tratamientos enmarcados en la Ley de Salud Mental” como “la presencia de niños y niñas, alojados junto a personas adultas”.
Bajo ese panorama, el ORL le pidió a la cartera sanitaria bonaerense - como autoridad de aplicación de la Ley de Salud Mental en la Provincia- el cierre de la Comunidad Terapéutica Fundación San Camilo, que finalmente se produjo el 22 de noviembre pasado, por lo que desde esa fecha hasta la actualidad no debe quedar ningún usuario del sistema en el establecimiento.
El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, en el marco de la adhesión del Estado bonaerense a la ley nacional de salud mental, preside el ORL y en ese contexto, el Defensor Adjunto en Derechos Humanos y Salud, Marcelo Honores, es el responsable de instrumentar los monitoreos en los establecimientos de salud de la Provincia.