La Defensoría trabaja por la reglamentación de la ley de jóvenes de egreso asistido

Junto a la ONG Doncel, el organismo busca que se consolide un mecanismo para ayudar a quienes deben conseguir un empleo formal luego de su paso por el cuidado del Estado.

Con el objetivo de dar respuestas ante las dificultades que viven adolescentes y jóvenes que deben conseguir un empleo formal para mantenerse luego de su paso por el cuidado del Estado, la Defensoría del Pueblo bonaerense promueve la reglamentación, junto a la ONG Doncel, de la ley de jóvenes de egreso asistido.
Con un encuentro entre el Defensor del Pueblo Adjunto General y titular del Observatorio de Niñez, Walter Martello, y el representante de Doncel, Marcelo De Biase, se analizó el alcance del Programa de egreso asistido para jóvenes que viven en hogares, creado por una ley en 2017 que todavía no fue reglamentada, cuyo gran desafío es lograr la inclusión plena de todos aquellos adolescentes y jóvenes de entre 13 y 21 años que viven o vivieron en los dispositivos de cuidado bajo responsabilidad del Estado.
“Los chicos que están bajo tutela en los distintos hogares, se encuentran en una situación de vulnerabilidad a la hora del egreso. Esta ley viene a saldar la deuda que el Estado argentino tenía, por su rol de responsable parental, con todos los niños, las niñas y adolescentes que crecen en un sistema de cuidados y que aún hoy no puede garantizar un acompañamiento de calidad en una etapa tan esencial de la vida.”, aseguró Martello.
En esa línea, el Defensor Adjunto explicó que esta norma “reconoce que es responsabilidad del Estado garantizarles el derecho a poder prepararse y a estar acompañados en el tránsito hacia su vida adulta, a través del apoyo de un referente y de una asignación económica equivalente al 80 por ciento del salario mínimo. A su vez se incorpora aspectos innovadores que proponen algunos retos para su implementación”.
Según el relevamiento del año 2012 de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF) y Unicef, hay casi 15.000 niñas, niños y adolescentes que viven separados de sus familias por ser víctimas de violencia, abuso o abandono, entre otras causas.