El Comité de Monitoreo y Seguimiento del Órgano de Revisión Local que depende de la Defensoría del pueblo presentó datos sobre la situación de las 1825 personas internadas en los 4 Hospitales Monovalentes provinciales.
Se trata de un relevamiento realizado durante el año 2019 en los Hospitales de Romero, Cabred, Taraborelli y Estevez en el cual se analizaron la cantidad de personas internadas, la duración de las internaciones, el bajo número de externaciones, la condición socioeconómica de los internados y la falta de cobertura médica.De los datos que arroja el estudio, llama la atención que el 86% de las personas internadas, están allí de manera involuntaria. Luego, en cuanto a la duración de las internaciones se ve que del total de los internados, el 69% lleva más de 1 año de internación y que la mayoría de ellos hace más de 3 años que viven en los hospitales. Esto indica que las internaciones son prolongadas. Cuando se accede a los datos del entorno de los pacientes, se ve claramente que la mayoría no tiene familiares que acompañen y apoyen la recuperación por lo que los procesos de externación se complejizan. Sumado a ello, casi el 70% de los internados carece de vivienda, es decir, no tienen lugar físico propio donde vivir.Sólo el 22% está incluido en algún dispositivo de externación, el 26% están en procesos de externación a corto plazo y el 73% en procesos a mediano y largo plazo.La situación socioeconómica de los usuarios de los hospitales monovalentes de la Provincia es precaria, por lo que los procesos de externación dependen íntegramente de programas estatales y sociales de ayuda.Otro dato que brinda el estudio a tener en cuenta es que de los 1825 internados, 1051 no poseen ningún tipo de cobertura social y de los 774 de los pacientes con cobertura, el 6% tiene IOMA, el 63% Incluir Salud y el 31% PAMI.El relevamiento aporta información diagnóstica sobre la posibilidad de los pacientes de alcanzar la externación y de mejorar calidad de la atención de los internados y resulta un insumo importante para la planificación de políticas respetuosas de los derechos de las personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos en el marco de la ley nacional 26657 y su Ley provincial de Adhesión 14.580.