Frente al avance del proyecto de ley que elimina los descuentos en las tarifas de gas para 94 municipios bonaerenses, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, puso en marcha una campaña pública de recolección de firmas para exigirle al Congreso que mantenga la vigencia de la Zona Fría.
Los vecinos y vecinas que quieran acompañar el reclamo pueden acercarse a dejar su firma en la Sede Central del organismo o en cualquiera de las delegaciones territoriales distribuidas en la Provincia. Los puntos de atención y horarios disponibles pueden consultarse en el sitio web oficial www.defensorba.org.ar.
La propuesta legislativa enviada al Congreso nacional prevé derogar la ampliación de la Zona Fría aprobada en 2021. Si la norma prospera, 1.300.000 usuarios de la provincia de Buenos Aires perderán el beneficio tarifario y sufrirán un incremento automático de entre el 50% y el 100% en sus boletas de gas.
Esta quita del subsidio se registrará en la previa de la temporada invernal, lo que obligará a miles de familias a restringir el uso de la calefacción para poder afrontar los pagos. La falta de climatización en las viviendas tiene consecuencias directas y medibles en la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como niños, niñas y personas mayores.
El proyecto de ley sostiene que la extensión del beneficio llegó a localidades que no cuentan con las condiciones climáticas indispensables para recibir el subsidio. Sin embargo, los registros ambientales y de consumo exponen realidades muy diferentes según la zona geográfica. Un usuario de la Costa Atlántica, por ejemplo, utiliza el gas de red entre seis y ocho meses al año, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires ese consumo se limita a solo tres meses.
La inclusión de los 94 distritos bonaerenses en la normativa de 2021 no se realizó de manera arbitraria, sino que contó con la certificación del propio Estado. En ese momento, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) delimitó las regiones frías de la Provincia mediante la aplicación de las normas IRAM 11603/2012, que regulan el acondicionamiento térmico de edificios y establecen la clasificación bioambiental del país.