Marcelo Honores pidió a las autoridades de Incluir Salud garantizar el acceso a la salud ante la amenaza de suspensión de tratamientos de diálisis.
La eventual suspensión de tratamientos de diálisis a partir del sábado, que podría afectar a 1.500 personas de sectores vulnerables de la sociedad, por la falta de pagos a los prestadores en que habría incurrido el programa federal Incluir Salud (ex Profe), motivó la intervención del Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores.
La situación fue expuesta por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), a partir de una deuda que superaría los 250 millones de pesos y que dataría de hace más de un año.
En ese contexto, Honores instruyó a la secretaria de Salud de la Defensoría, Marcia Lázaro, para que requiera toda la información necesaria a las autoridades bonaerenses de Incluir Salud, con la premisa de “garantizar el acceso a la salud” de todos los habitantes de la Provincia, con cobertura de este programa financiado por Nación, que necesitan diálisis.
CADRA informó que a nivel país son 200 los centros de salud privados afectados por la falta de pagos. A través de un comunicado, la entidad expresó que le pidieron “una solución inmediata, para evitar consecuencias no deseadas” al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND), Santiago Ibarzábal y al responsable de Incluir Salud, Pablo Atchabahian.
Incluir Salud depende de la AND y da cobertura de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos vulnerables.