Por Walter Martello Defensor del Pueblo Adjunto General de la provincia de Buenos Aires
El acceso a la energía no es un privilegio. Es un derecho. Y cuando el Estado diseña un mecanismo de asistencia que excluye a quienes más lo necesitan, no está resolviendo un problema: está creando uno nuevo.
La Disposición N.° 1/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación estableció un sistema de reintegro de $9.593 por garrafa de gas envasado, canalizado exclusivamente a través de billeteras virtuales y medios electrónicos de pago. El objetivo es loable. El instrumento, sin embargo, presenta una falla estructural grave.
Para cobrar el subsidio, el usuario debe primero tener dinero para pagar la garrafa al precio de mercado, luego contar con una billetera virtual activa y, finalmente, comprar en un comercio adherido al sistema. Tres condiciones que, en amplias zonas del Conurbano bonaerense y del interior de la provincia, millones de familias no pueden cumplir simultáneamente.
El adulto mayor sin cuenta bancaria, la familia del barrio periurbano sin conectividad, el trabajador informal que paga en efectivo: todos ellos son, paradójicamente, los destinatarios naturales de este beneficio. Y todos ellos quedan afuera.
¿El régimen anterior era más perfectible? Si, pero más justo en su resultado: el precio subsidiado se aplicaba directamente en el punto de venta. Sin intermediación tecnológica. Sin requisitos de bancarización. El dinero no salía del bolsillo para volver después. Simplemente no salía.
La digitalización de los servicios públicos es un avance necesario y bienvenido. Pero no puede convertirse en un filtro que profundice la desigualdad. Una política pública que solo funciona para quienes ya tienen acceso a herramientas financieras digitales no es universal: es regresiva.
Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires instamos a la Secretaría de Energía de la Nación a revisar la Disposición N.° 1/2026 e incorporar mecanismos alternativos que garanticen el acceso efectivo al subsidio para todos los usuarios, independientemente de su nivel de bancarización o conectividad. Porque el derecho a la energía no puede estar condicionado a tener un teléfono inteligente.
El acceso a la energía no es un privilegio. Es un derecho. Y cuando el Estado diseña un mecanismo de asistencia que excluye a quienes más lo necesitan, no está resolviendo un problema: está creando uno nuevo.
La Disposición N.° 1/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación estableció un sistema de reintegro de $9.593 por garrafa de gas envasado, canalizado exclusivamente a través de billeteras virtuales y medios electrónicos de pago. El objetivo es loable. El instrumento, sin embargo, presenta una falla estructural grave.
Para cobrar el subsidio, el usuario debe primero tener dinero para pagar la garrafa al precio de mercado, luego contar con una billetera virtual activa y, finalmente, comprar en un comercio adherido al sistema. Tres condiciones que, en amplias zonas del Conurbano bonaerense y del interior de la provincia, millones de familias no pueden cumplir simultáneamente.
El adulto mayor sin cuenta bancaria, la familia del barrio periurbano sin conectividad, el trabajador informal que paga en efectivo: todos ellos son, paradójicamente, los destinatarios naturales de este beneficio. Y todos ellos quedan afuera.
¿El régimen anterior era más perfectible? Si, pero más justo en su resultado: el precio subsidiado se aplicaba directamente en el punto de venta. Sin intermediación tecnológica. Sin requisitos de bancarización. El dinero no salía del bolsillo para volver después. Simplemente no salía.
La digitalización de los servicios públicos es un avance necesario y bienvenido. Pero no puede convertirse en un filtro que profundice la desigualdad. Una política pública que solo funciona para quienes ya tienen acceso a herramientas financieras digitales no es universal: es regresiva.
Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires instamos a la Secretaría de Energía de la Nación a revisar la Disposición N.° 1/2026 e incorporar mecanismos alternativos que garanticen el acceso efectivo al subsidio para todos los usuarios, independientemente de su nivel de bancarización o conectividad. Porque el derecho a la energía no puede estar condicionado a tener un teléfono inteligente.