 
				Este año, el Día Internacional de los Cuidados y Apoyos encuentra al mundo ante un hecho histórico: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció por unanimidad al cuidado como un derecho humano autónomo, constituyéndolo como una necesidad básica, universal e ineludible.
El pronunciamiento, emitido el 7 de agosto de 2025, fue resultado de una consulta realizada por el Estado argentino en 2023, en la que solicitó al tribunal interamericano una opinión consultiva sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos fundamentales.
Durante la audiencia pública, desarrollada en marzo de 2024, participaron Estados, organismos y organizaciones de la sociedad civil que presentaron más de 130 amicus curiae. El fallo marca un antes y un después en el debate global sobre las políticas de cuidado, al reconocer que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a autocuidarse.
Un compromiso para los estados
El reconocimiento del cuidado como derecho humano genera nuevas obligaciones para los Estados, que deben avanzar en políticas públicas orientadas a garantizar su implementación progresiva y equitativa. Esto implica fortalecer los sistemas de protección social, promover licencias igualitarias y asegurar condiciones laborales que reconozcan la corresponsabilidad entre géneros.
En Argentina, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 16,8% del Producto Bruto Interno (PBI), siendo el sector que más valor aporta a la economía. Según datos del Ministerio de Economía de la Nación (2023), el 92% de las mujeres realiza tareas de cuidado frente al 75% de los varones, y ellas dedican el doble de tiempo: 6 horas y media diarias, frente a 3 horas y 40 minutos de los hombres.
La canasta de crianza elaborada por el INDEC muestra la magnitud económica del cuidado: en junio de 2025, el costo mensual estimado para criar a un niño o niña de 6 a 12 años fue de $516.113, una cifra que supera ampliamente el salario mínimo vital y móvil del mismo período ($308.000).
El trabajo de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires viene impulsando diversas acciones para promover una redistribución más justa de las tareas de cuidado y visibilizar su impacto en la vida social y económica. En 2022, en el marco del Proyecto de Ley Cuidar en Igualdad, la institución lanzó la encuesta “Los cuidados en el ámbito laboral”, que analizó la aplicación de licencias y prestaciones vinculadas al cuidado en el sector público y privado.
Entre los resultados, se destacó que 2 de cada 10 trabajadores desconocen si existe la licencia por paternidad en su empleo, y que el 21,8% manifestó haber recibido cuestionamientos o comentarios despectivos por utilizar licencias vinculadas a la crianza o al cuidado de familiares.
Además, la Defensoría desarrolla talleres y capacitaciones en género y masculinidades —como las formaciones en la Ley Micaela, los programas “Cortá a tiempo” y “Violencia laboral”— orientadas a fortalecer el reconocimiento y la redistribución de las tareas de cuidado, promoviendo relaciones más igualitarias dentro y fuera del trabajo.
Un cambio de paradigma
El reconocimiento del cuidado como derecho humano es un paso decisivo hacia una sociedad más justa e inclusiva. Implica revalorizar el tiempo, el trabajo y las relaciones que sostienen la vida, y reconocer que el bienestar colectivo depende de que todas las personas puedan cuidar y ser cuidadas en condiciones de igualdad.
