“No son las personas con discapacidad las responsables de su propia situación de exclusión, sino las barreras construidas por el resto de la sociedad, las que generan los verdaderos impedimentos para la igualdad de condiciones con los demás”, sostuvo el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, al exponer durante el “2do. Congreso internacional sobre discapacidad y derechos humanos”.
“No son las personas con discapacidad las responsables de su propia situación de exclusión, sino las barreras construidas por el resto de la sociedad, las que generan los verdaderos impedimentos para la igualdad de condiciones con los demás”, sostuvo el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, al exponer durante el “2do. Congreso internacional sobre discapacidad y derechos humanos”.
“El Estado no sólo debe abstenerse de violar los derechos de las personas con discapacidad. El compromiso es mayor: tiene la responsabilidad de llevar adelante toda medida positiva tendiente a lograr la igualdad de condiciones y oportunidades, para remover las barreras que lo impiden”, sentenció.
Al hablar en el Anexo del Senado provincial, a donde se desarrolló el encuentro organizado por el Colegio de Escribanos bonaerense, Honores se hizo eco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) y puso énfasis en que “la accesibilidad es una de las cuestiones más críticas”.
“Me detengo en particular en el concepto de accesibilidad, porque creo es una de las cuestiones más críticas. Aparece en el texto de la Convención estrechamente asociado al de vida independiente, propugnando la eliminación de todas las barreras y obstáculos en el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, así como a todo tipo de servicio o instalaciones de uso público en las zonas urbanas y rurales”, avanzó.
Consideró, además, que “la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones”.
Honores expuso en la mesa redonda “Avances legislativos y políticas públicas”, moderada por la secretaria de Relaciones Institucionales y Cultura del Colegio de Escribanos, Otilia del Carmen Zito Fontán, e integrada por la senadora Pilar Ayllón; el exdiputado español, Francisco Vañó Ferre; y los directores de Monitoreo de la secretaría de Derechos Humanos, Fabián Murua, y de Discapacidad del ministerio de Desarrollo Social, Romina Gey.
Durante su exposición, Honores repasó algunos indicadores. Dijo que el 15% de la población vive con una discapacidad y reveló que “el grupo representa la mayor minoría del mundo, cifra que va en aumento debido al crecimiento y el proceso de envejecimiento de la población, los avances de la medicina y la presencia de enfermedades crónicas”.
El Defensor adjunto, comentó que “casi todas las personas sufriremos algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de nuestras vidas” y detalló que “en los países donde la esperanza de vida es superior a los 70 años, en promedio alrededor de 8 años (el 11.5%) transcurre con algún tipo de incapacidad”.
Puntualizó que la discapacidad “tiene una incidencia más alta en las mujeres que en los hombres” y dejó sentado que “las mujeres y niñas con discapacidad son particularmente vulnerables”.
“Las personas de bajos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad. En consecuencia, las personas con discapacidad presentan tasas más altas de pobreza que las personas sin discapacidad”, indicó.
En promedio, las personas con discapacidad y las familias con un miembro con discapacidad “tienen mayores privaciones - inseguridad alimentaria, vivienda precaria, acceso deficiente al agua potable, salubridad y atención de salud- y poseen menos bienes que las personas y familias sin una discapacidad”, planteó Honores.
En esa línea, consideró que “el Estado tiene mucho por andar en materia legislativa y de políticas públicas. Es tan necesario que se modifique la legislación que resulta contraria a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, como la efectiva implementación de las normas ya adecuadas”.
Al repasar los avances legislativos, el Defensor destacó en primer término “la relevancia que significó para la comunidad internacional la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
“Esta Convención, sin lugar a dudas, plasmó un cambio de paradigma en torno al tratamiento de la discapacidad”, sentenció Honores.
“El modelo social que incorpora, concibe a la persona con discapacidad como persona titular de derechos, con los mismos derechos que cualquier otra persona sin discapacidad. Y las respuestas son otras: deinstitucionalización, educación inclusiva, empleo ordinario y políticas con perspectiva de derechos humanos”, amplió.
Asimismo, Honores destacó que “la ley de salud mental 26.657 es el mayor avance legislativo posterior a la ratificación de nuestro país a la Convención”, y opinó que esa norma “recoge más adecuadamente los compromisos asumidos, aunque no sin inconvenientes en lo relativo a su implementación”.
“La Defensoría del Pueblo ejerce la representación legal y la coordinación del Órgano de Revisión Local (ORL) a través de la secretaría ejecutiva, desde donde pretendemos avanzar de manera irreversible en la implementación de la ley de salud mental y en la erradicación de toda práctica que sea contraria al respeto de los derechos y dignidad de las personas usuarias del servicio”, concluyó.
“El Estado no sólo debe abstenerse de violar los derechos de las personas con discapacidad. El compromiso es mayor: tiene la responsabilidad de llevar adelante toda medida positiva tendiente a lograr la igualdad de condiciones y oportunidades, para remover las barreras que lo impiden”, sentenció.
Al hablar en el Anexo del Senado provincial, a donde se desarrolló el encuentro organizado por el Colegio de Escribanos bonaerense, Honores se hizo eco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) y puso énfasis en que “la accesibilidad es una de las cuestiones más críticas”.
“Me detengo en particular en el concepto de accesibilidad, porque creo es una de las cuestiones más críticas. Aparece en el texto de la Convención estrechamente asociado al de vida independiente, propugnando la eliminación de todas las barreras y obstáculos en el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, así como a todo tipo de servicio o instalaciones de uso público en las zonas urbanas y rurales”, avanzó.
Consideró, además, que “la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones”.
Honores expuso en la mesa redonda “Avances legislativos y políticas públicas”, moderada por la secretaria de Relaciones Institucionales y Cultura del Colegio de Escribanos, Otilia del Carmen Zito Fontán, e integrada por la senadora Pilar Ayllón; el exdiputado español, Francisco Vañó Ferre; y los directores de Monitoreo de la secretaría de Derechos Humanos, Fabián Murua, y de Discapacidad del ministerio de Desarrollo Social, Romina Gey.
Durante su exposición, Honores repasó algunos indicadores. Dijo que el 15% de la población vive con una discapacidad y reveló que “el grupo representa la mayor minoría del mundo, cifra que va en aumento debido al crecimiento y el proceso de envejecimiento de la población, los avances de la medicina y la presencia de enfermedades crónicas”.
El Defensor adjunto, comentó que “casi todas las personas sufriremos algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de nuestras vidas” y detalló que “en los países donde la esperanza de vida es superior a los 70 años, en promedio alrededor de 8 años (el 11.5%) transcurre con algún tipo de incapacidad”.
Puntualizó que la discapacidad “tiene una incidencia más alta en las mujeres que en los hombres” y dejó sentado que “las mujeres y niñas con discapacidad son particularmente vulnerables”.
“Las personas de bajos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad. En consecuencia, las personas con discapacidad presentan tasas más altas de pobreza que las personas sin discapacidad”, indicó.
En promedio, las personas con discapacidad y las familias con un miembro con discapacidad “tienen mayores privaciones - inseguridad alimentaria, vivienda precaria, acceso deficiente al agua potable, salubridad y atención de salud- y poseen menos bienes que las personas y familias sin una discapacidad”, planteó Honores.
En esa línea, consideró que “el Estado tiene mucho por andar en materia legislativa y de políticas públicas. Es tan necesario que se modifique la legislación que resulta contraria a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, como la efectiva implementación de las normas ya adecuadas”.
Al repasar los avances legislativos, el Defensor destacó en primer término “la relevancia que significó para la comunidad internacional la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
“Esta Convención, sin lugar a dudas, plasmó un cambio de paradigma en torno al tratamiento de la discapacidad”, sentenció Honores.
“El modelo social que incorpora, concibe a la persona con discapacidad como persona titular de derechos, con los mismos derechos que cualquier otra persona sin discapacidad. Y las respuestas son otras: deinstitucionalización, educación inclusiva, empleo ordinario y políticas con perspectiva de derechos humanos”, amplió.
Asimismo, Honores destacó que “la ley de salud mental 26.657 es el mayor avance legislativo posterior a la ratificación de nuestro país a la Convención”, y opinó que esa norma “recoge más adecuadamente los compromisos asumidos, aunque no sin inconvenientes en lo relativo a su implementación”.
“La Defensoría del Pueblo ejerce la representación legal y la coordinación del Órgano de Revisión Local (ORL) a través de la secretaría ejecutiva, desde donde pretendemos avanzar de manera irreversible en la implementación de la ley de salud mental y en la erradicación de toda práctica que sea contraria al respeto de los derechos y dignidad de las personas usuarias del servicio”, concluyó.