El cupo laboral travesti trans representa una conquista histórica en la Provincia, que es resultado de décadas de lucha y organización del colectivo. A cuatro años de ese decreto, es importante subrayar que la norma por sí sola no alcanza: el desafío es garantizar su cumplimiento real, derribar las barreras que todavía existen y seguir ampliando derechos.
El 1% es apenas un piso desde el que tenemos que avanzar, nunca un techo que limite las posibilidades de inclusión. El 17 de septiembre de 2019 la Provincia de Buenos Aires dio un paso histórico al establecer, mediante el Decreto 721/20, un cupo laboral del 1% en la administración pública para personas travestis, transexuales y transgénero.
Esta medida no surgió de la nada: fue el resultado de décadas de militancia y organización de colectivos que denunciaban de manera sistemática la exclusión del colectivo travesti trans del trabajo formal. El decreto se inscribe en un proceso más amplio que empezó con la Ley de Identidad de Género de 2012 y que tuvo otro hito en 2021 con la sanción de la Ley Nacional de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans “Diana Sacayán – Lohana Berkins”.
Estas dos leyes llevan el nombre y el legado de militantes que marcaron un antes y un después en la lucha por la igualdad, y pusieron en palabras una realidad dolorosa: la expectativa de vida travesti trans en nuestro país no supera los 35 a 40 años, producto de la violencia, la exclusión y la falta de acceso a derechos básicos.
A pesar de los avances normativos, la situación laboral del colectivo sigue atravesada por enormes desigualdades. Relevamientos recientes muestran que más del 80% de las personas trans nunca tuvo un empleo registrado, y que la mayoría depende de la economía informal o de trabajos precarios para sobrevivir.
Por eso, el cupo debe entenderse no como un techo, sino como un punto de partida. Es una herramienta para reparar desigualdades históricas y abrir puertas a un derecho tan básico como el trabajo digno. La consigna que acompaña este aniversario —“El 1% es el piso, no el techo”— sintetiza ese desafío: hacer del cupo una realidad efectiva, ampliarlo y sostenerlo con políticas públicas que aseguren inclusión plena.