Terminar de forma inmediata la emisión de líquidos contaminantes en la Cuenca del Río Reconquista, es el objetivo de la medida judicial que promueve la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires contra una empresa que cría cerdos y vierte los desechos sin ningún tipo de tratamiento en un arroyo de Marcos Paz. Se trata de una
Terminar de forma inmediata la emisión de líquidos contaminantes en la Cuenca del Río Reconquista, es el objetivo de la medida judicial que promueve la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires contra una empresa que cría cerdos y vierte los desechos sin ningún tipo de tratamiento en un arroyo de Marcos Paz.
Se trata de una acción sumarísima ambiental presentada en el Fuero Civil de Mercedes contra Eduvipa S.A., señalada por los vecinos de la zona de contaminar el arroyo El Durazno, que desemboca en el Lago San Francisco, donde nace el río Reconquista.
La Defensoría le reclama a la firma "abstenerse de continuar con el vertido de los efluentes líquidos, evitando de este modo la agresión al medio ambiente que va en desmedro de todos los habitantes de la Provincia", bajo apercibimiento de sufrir sanciones económicas.
La presentación judicial se da luego de la actuación de personal del Área de Medio Ambiente de la Defensoría, quienes concurrieron a reuniones del Consejo Consultivo de Cuenca Media del Río Reconquista, para promover acciones relacionadas con los planes o programas en curso para la preservación de esa región.
El Secretario General a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores, indicó que "en la medida en que se atente contra el medio ambiente se configura el daño con total prescindencia de la actividad industrial que se desarrolle en el establecimiento y de la autorización administrativa que eventualmente pudiera tener para su funcionamiento, por la simple razón de que nadie tiene capacidad para realizar hechos o actos contrarios al ordenamiento jurídico".
Además, la demanda se basó en las actuaciones del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua y el ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, quienes determinaron una serie de irregularidades de la empresa contaminante.
Los organismos habían señalado que el establecimiento no se encuentra habilitado, y que sus vertidos también están en infracción en relación a las sustancias que emite como a la falta de tratamiento o la deficiencia de sus instalaciones.
Por lo tanto, determinaron que la empresa transgredía todas las normas al respecto, contribuyendo de esta manera con una carga contaminante de magnitud al arroyo, que se encuentra en una zona geográfica con un alto grado de deterioro ambiental, y que cuenta con un programa de saneamiento en curso.
Se trata de una acción sumarísima ambiental presentada en el Fuero Civil de Mercedes contra Eduvipa S.A., señalada por los vecinos de la zona de contaminar el arroyo El Durazno, que desemboca en el Lago San Francisco, donde nace el río Reconquista.
La Defensoría le reclama a la firma "abstenerse de continuar con el vertido de los efluentes líquidos, evitando de este modo la agresión al medio ambiente que va en desmedro de todos los habitantes de la Provincia", bajo apercibimiento de sufrir sanciones económicas.
La presentación judicial se da luego de la actuación de personal del Área de Medio Ambiente de la Defensoría, quienes concurrieron a reuniones del Consejo Consultivo de Cuenca Media del Río Reconquista, para promover acciones relacionadas con los planes o programas en curso para la preservación de esa región.
El Secretario General a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores, indicó que "en la medida en que se atente contra el medio ambiente se configura el daño con total prescindencia de la actividad industrial que se desarrolle en el establecimiento y de la autorización administrativa que eventualmente pudiera tener para su funcionamiento, por la simple razón de que nadie tiene capacidad para realizar hechos o actos contrarios al ordenamiento jurídico".
Además, la demanda se basó en las actuaciones del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua y el ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, quienes determinaron una serie de irregularidades de la empresa contaminante.
Los organismos habían señalado que el establecimiento no se encuentra habilitado, y que sus vertidos también están en infracción en relación a las sustancias que emite como a la falta de tratamiento o la deficiencia de sus instalaciones.
Por lo tanto, determinaron que la empresa transgredía todas las normas al respecto, contribuyendo de esta manera con una carga contaminante de magnitud al arroyo, que se encuentra en una zona geográfica con un alto grado de deterioro ambiental, y que cuenta con un programa de saneamiento en curso.