Cada 23 de septiembre, el Día Provincial de Lucha contra las Adicciones nos recuerda una realidad que suele pasar inadvertida en medio de la vorágine cotidiana: más de 12.000 argentinos y argentinas fallecen cada año por causas vinculadas al consumo de sustancias.
La ley 11841,instauró este día para promover la reflexión y el desarrollo de políticas públicas que aborden estas problemáticas. La fecha se eligió en el año 1996. No se trata de un dato menor ni de un tema marginal. Es, en rigor, una crisis silenciosa que erosiona las bases de nuestra sociedad.Mientras la provincia lleva adelante políticas activas, el gobierno nacional desfinancia los programas y campañas, que deberían estar a su cargo Observemos la asignación presupuestaria de 2025.
A simple vista se verifica un desfinanciamiento progresivo de la Sedronar durante los últimos años.
- 2023: crédito en torno a $37.342 millones, con una ejecución cercana al 95%.
- 2024: el presupuesto fue de $41.782 millones y se ejecutó el 97%.
- 2025: el crédito inicial para el año 2025 fue de $41.782 millones y se incrementó a $54.244 millones. Este aumento, que no llega al 30%, es inferior a la inflación acumulada del mismo período, según datos del INDEC. Esto representa un ajuste real del financiamiento, que se ve agravado por una ejecución de más de $47.234 millones (más del 87% de los recursos asignados). Esta situación proyecta un final de año con un panorama económico muy ajustado para los programas de tratamiento y prevención.
Parecería que los datos informados, previamente y la tendencia observada que determinaron por ejemplo que el 15,3% de las muertes en personas de entre 15 y 64 años durante 2023 estuvo relacionado con el consumo, no merecen consideración para el gobierno nacional.
Cuando se habla de adicciones, la imaginación social suele asociar el problema con las sustancias ilegales. Sin embargo, la evidencia muestra otra cosa: el tabaco y el alcohol concentran más del 98% de los fallecimientos. Son las sustancias legales, socialmente aceptadas, las que se convierten en asesinos silenciosos.
El 93,6% de estos fallecimientos se producen de manera indirecta, a través de enfermedades crónicas y deterioros de salud acumulados con los años.
El panorama no mejora cuando se analiza la respuesta sanitaria. Según cifras de la ONU, solo una de cada 12 personas que padece un trastorno por consumo recibe algún tipo de tratamiento.
Los datos de la Línea 141, que funciona como un canal de ayuda, confirman otra dimensión del problema: apenas entre un 15% y un 18% de las llamadas son realizadas por quienes atraviesan el consumo. El estigma, la vergüenza y la desinformación siguen levantando muros.
La mayoría no pide ayuda, y cuando lo hace, casi siempre son las mujeres —madres, parejas, hermanas, amigas— quienes se convierten en puente para que los varones accedan a un tratamiento. Paradójicamente, el consumo femenino sigue invisibilizado: solo un 16% de los llamados refiere a mujeres con problemas de consumo.
El desafío es enorme. No se trata de números fríos, sino de historias truncas, de familias golpeadas, de vidas que se apagan antes de tiempo. El Estado tiene la responsabilidad de invertir en prevención, garantizar el acceso equitativo a tratamientos, derribar prejuicios y reconocer el rol fundamental —y muchas veces solitario— de las mujeres en la búsqueda de ayuda para sus allegados.
Por Walter Martello (*)
(*) Defensor del Pueblo Adjunto de PBAResponsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría