El 3 de junio, el Ni Una Menos vuelve a expresar una demanda colectiva que continúa plenamente vigente: que la violencia contra mujeres y personas LGBTI+ sea reconocida como un problema público, estructural y de derechos humanos.
La evidencia relevada en causas judiciales por femicidios, travesticidios y transfemicidios muestra, en la mayoría de los casos, la existencia previa de prácticas de control, amenazas, agresiones, aislamiento y pedidos de ayuda que no siempre recibieron una respuesta adecuada. En este sentido, estos hechos no pueden analizarse desvinculados de las violencias que los anteceden, ya que una de las características de este tipo de violencia es que no irrumpe de manera repentina en su forma más extrema. Por el contrario, la violencia por razones de género se desarrolla de manera progresiva, y tiende a agravarse con el paso del tiempo.
Asimismo, la violencia de género rara vez es ejercida por una persona completamente ajena. Según datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires , en el 96% de los casos en los que se pudo identificar el vínculo, la víctima conocía al femicida. Los vínculos íntimos —parejas, exparejas, noviazgos u otro tipo de relación sexoafectiva— representaron el 64% de los casos; los vínculos familiares, el 20%; y otros vínculos, el 16%. Estos datos permiten reafirmar que esta violencia se produce, en gran medida, en el marco de relaciones cercanas, donde el control, la dependencia, el miedo y el aislamiento pueden avanzar de manera gradual hasta limitar las posibilidades de salida. De esta manera, indagar los vínculos no implica reducir la violencia al ámbito privado, sino comprender con mayor precisión dónde se producen las señales de alerta, quiénes pueden advertirlas y qué respuestas institucionales deben activarse de manera temprana.
En la provincia de Buenos Aires, durante 2025, se registraron 78 víctimas fallecidas por femicidio. Los ámbitos en donde ocurrieron estos hechos permite evidenciar cómo se despliega la violencia por razones de género: el 85,9% de los femicidios tuvo lugar en una vivienda, mientras que solo el 7,7% ocurrió en el espacio público. Este dato obliga a revisar críticamente aquello que suele identificarse como hogar, pero que para muchas mujeres y personas LGBTI+ puede convertirse en un espacio de riesgo, encierro o amenaza. La violencia, entonces, no siempre se manifiesta en escenarios visibles o socialmente reconocidos como peligrosos; la mayoría de las veces se sostiene en espacios cotidianos y familiares, donde los pedidos de intervención, la realización de denuncias o el acceso a medidas de protección pueden tornarse aún más dificultosos.
En este contexto, cualquier debate en torno a un proyecto de ley sobre falsas denuncias exige una especial responsabilidad pública. Los datos disponibles muestran que las falsas denuncias representan el 0,09% del total, mientras que en Argentina solo el 12,5% de las violencias sexuales son denunciadas. El problema central, entonces, no radica en un supuesto exceso de denuncias, sino en las múltiples barreras que obstaculizan que muchas personas puedan denunciar. Por ello, la respuesta no debe orientarse a desalentar las denuncias ni a restringir el acceso a la justicia, sino a fortalecer las capacidades institucionales para investigar con mayor rapidez y eficacia, garantizar protocolos claros de producción de prueba, contar con equipos especializados, promover intervenciones libres de estereotipos y asegurar acompañamiento integral y patrocinio jurídico gratuito para las víctimas. Asimismo, resulta indispensable producir información confiable y evidencia de calidad que permita identificar fallas, evaluar respuestas y diseñar mejores políticas públicas.
Este proyecto de ley mencionado no sólo no aborda la problemática real sino que podría contribuir a reforzar el temor a denunciar precisamente allí donde más se necesita escuchar. Por este motivo, lejos de fortalecer el acceso a la justicia, este tipo de iniciativas profundizan los obstáculos ya existentes para quienes atraviesan situaciones de violencia por razones de género.
En este escenario, el Ni Una Menos no interpela únicamente a la sociedad, sino también al Estado y a una de sus obligaciones más urgentes: erradicar y prevenir las violencias contra las mujeres y diversidades, proteger a las víctimas, reparar los daños y producir información útil que permita intervenir antes de que las consecuencias sean irreversibles.