El 28 de Mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres con el fin de reafirmar y garantizar el derecho a la salud integral de todas las mujeres y disidencias.
Entender la salud de manera integral implica dar cuenta de la multidimensionalidad y la multideterminación de la misma, atendiendo a sus aspectos biológicos, psicológicos, económicos, sociales, culturales y su íntima relación con la concreción de derechos humanos y sociales de toda persona.
A su vez, atender a la especificidad de la salud en mujeres y disidencias implica poder dar cuenta de cómo el género funciona como un determinante y una dimensión fundamental a considerar cuando se habla de la salud como un derecho.
En este sentido, el Estado debe garantizar el derecho a la salud de mujeres y disidencias desarrollando distintas estrategias planificadas desde una perspectiva de género transversal al proceso de salud - enfermedad - atención - cuidado, priorizando la multidimensionalidad y la interseccionalidad.
En materia de políticas públicas y legislación se han generado múltiples avances en derechos que deben ser mencionados como conquistas de las luchas sociales impulsadas por el movimiento feminista, entre ellas: la ESI, IVE/ILE, Ley de Parto Respetado y la ley de Identidad de Género, normativas fundamentales que hacen al derecho a decidir en el marco del acceso a la salud. Sin embargo, se evidencia que persisten distintas problemáticas, las cuales dificultan el acceso a la salud de mujeres y disidencias.
Entre los reclamos que llegan al Observatorio de Políticas Públicas de Género, cabe mencionar la violencia obstétrica como una cuestión que se presenta de manera reiterada y para la cual todavía no se cuenta con los mecanismos institucionales de resolución y respuesta por fuera del camino judicial.
Aún queda pendiente aceitar los dispositivos que ayuden a encontrar los caminos reparatorios frente a los hechos de violencia obstétrica, en donde la palabra de las mujeres y disidencias encuentre la capacidad de ser escuchada por el Estado.
A la vez, cabe mencionar la necesidad de preservar la salud mental de mujeres y disidencias que se encuentran en camino de salida a las violencias, proceso que implica altos grados de padecimiento donde es fundamental la presencia del Estado dando credibilidad y certeza a sus testimonios, evitando la revictimización y vulneración, acompañando y generando las medidas necesarias para garantizar los derechos de mujeres y disidencias que transitan situaciones de violencia por razones de género, entre ellos, el acceso a la salud.
Desde esta Defensoría, se entiende relevante delimitar distintos desafíos que tenemos por delante para generar un efectivo acceso al derecho a la salud. Fortaleciendo los mecanismos disponibles para el abordaje de las violencias por razones de género, a la vez que evaluar y profundizar las políticas de capacitación del personal de salud, promoviendo el compromiso de las instituciones tanto de gestión pública como privada.
A su vez, atender a la especificidad de la salud en mujeres y disidencias implica poder dar cuenta de cómo el género funciona como un determinante y una dimensión fundamental a considerar cuando se habla de la salud como un derecho.
En este sentido, el Estado debe garantizar el derecho a la salud de mujeres y disidencias desarrollando distintas estrategias planificadas desde una perspectiva de género transversal al proceso de salud - enfermedad - atención - cuidado, priorizando la multidimensionalidad y la interseccionalidad.
En materia de políticas públicas y legislación se han generado múltiples avances en derechos que deben ser mencionados como conquistas de las luchas sociales impulsadas por el movimiento feminista, entre ellas: la ESI, IVE/ILE, Ley de Parto Respetado y la ley de Identidad de Género, normativas fundamentales que hacen al derecho a decidir en el marco del acceso a la salud. Sin embargo, se evidencia que persisten distintas problemáticas, las cuales dificultan el acceso a la salud de mujeres y disidencias.
Entre los reclamos que llegan al Observatorio de Políticas Públicas de Género, cabe mencionar la violencia obstétrica como una cuestión que se presenta de manera reiterada y para la cual todavía no se cuenta con los mecanismos institucionales de resolución y respuesta por fuera del camino judicial.
Aún queda pendiente aceitar los dispositivos que ayuden a encontrar los caminos reparatorios frente a los hechos de violencia obstétrica, en donde la palabra de las mujeres y disidencias encuentre la capacidad de ser escuchada por el Estado.
A la vez, cabe mencionar la necesidad de preservar la salud mental de mujeres y disidencias que se encuentran en camino de salida a las violencias, proceso que implica altos grados de padecimiento donde es fundamental la presencia del Estado dando credibilidad y certeza a sus testimonios, evitando la revictimización y vulneración, acompañando y generando las medidas necesarias para garantizar los derechos de mujeres y disidencias que transitan situaciones de violencia por razones de género, entre ellos, el acceso a la salud.
Desde esta Defensoría, se entiende relevante delimitar distintos desafíos que tenemos por delante para generar un efectivo acceso al derecho a la salud. Fortaleciendo los mecanismos disponibles para el abordaje de las violencias por razones de género, a la vez que evaluar y profundizar las políticas de capacitación del personal de salud, promoviendo el compromiso de las instituciones tanto de gestión pública como privada.