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El 24 de junio de 2021, el Congreso argentino convirtió en ley el Decreto 721/2020, reconociendo el derecho de las personas travestis, transexuales y transgénero a acceder al empleo público en condiciones de igualdad.
Esta normativa establece un cupo mínimo del 1% de la planta del Estado nacional para personas de identidades trans, en todos los organismos de los tres poderes. Se trata de una medida de justicia social y reparación histórica frente a décadas de exclusión, violencia institucional y precariedad estructural.
La norma reconoce que el trabajo digno es una herramienta central para la autonomía, la ciudadanía y la vida digna. Sin embargo, a tres años de su sanción, la implementación sigue siendo desigual.
En muchas jurisdicciones todavía se enfrentan obstáculos administrativos, prejuicios culturales y resistencias políticas que impiden cumplir con lo establecido por la ley.
Según datos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (2023):
- Más del 80% de las personas trans no accede al empleo formal.
- La expectativa de vida del colectivo sigue siendo de entre 35 y 40 años.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del cupo laboral travesti-trans como una política de acción afirmativa indispensable para garantizar derechos, combatir la discriminación y construir