El Defensor del Pueblo Adjunto en Salud, Marcelo Honores y el equipo del Órgano de Revisión Local (ORL) de Salud Mental de Mar del Plata, se reunió con la nueva gestión del servicio de salud mental del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende”.
En efecto, Honores junto a María Pía Bibbó, Carolina Peralta y Gabriel Biocca, llevaron adelante un relevamiento y se entrevistaron con la actual titular del servicio, Mariana Borgioli, y con la jefa de unidad, Victoria Tasca.
Durante la reunión analizaron diferentes temáticas, donde la nueva gestión resaltó las cuestiones prioritarias, pero fundamentalmente puso el foco en la vinculación con el Departamento Judicial Mar del Plata, en los fueros de Familia y Penal, y en ese sentido requirieron la intervención del ORL para alcanzar una fluida articulación.
Las responsables del servicio plantearon las dificultades de atender absolutamente todas las derivaciones de los juzgados de Familia para evaluación por salud mental, y en ese sentido revelaron que en el último mes recibieron por guardia a 130 usuarios con orden judicial. “La guardia del servicio está colapsada”, apuntaron.
Explicaron que muchas de esas personas tienen obra social y que en caso de efectivizarse la internación, a las 48 horas se las debe trasladar a un establecimiento privado, por lo que el tratamiento psicológico y psiquiátrico que se inició es interrumpido. Y a partir de ese momento, volver a empezar, por el cambio de institución y de profesionales tratantes, lo que puede “considerarse perjudicial”.
Con respecto al fuero Penal y los usuarios a los que el juez indica internación, Borgioli y Tasca revelaron que “se presentan problemáticas que atentan contra varias disposiciones de la Ley de Salud Mental”.
“Los usuarios permanecen internados sin ingresar a la sala común, aislados en una habitación, con custodia policial las 24hs y esposados a la cama”, detallaron, y aseguraron que se comunicaron con los juzgados para pedir que les quiten las esposas y obtuvieron una negativa como respuesta.
“El entrecruzamiento entre las disposiciones de la Justicia Penal y las psicoterapéuticas propuestas por el equipo tratante entran en conflicto, sin una resolución expeditiva en relación a los derechos vulnerados de los usuarios con padecimiento mental”, explicaron.
Sobre el funcionamiento de las guardias, Borgioli sostuvo que “una de las mayores dificultades es la escases de recursos humanos para cubrir los turnos activos de doce horas”. Y puntualizó que actualmente cuentan solo con 5 psiquiatras de planta. Con esa cantidad de profesionales psiquiatras deben cubrir las guardias, la internación y el consultorio externo del servicio.
En esa línea, Tasca apuntó que “las condiciones laborales no son buenas y cuesta convocar, sobre todo a psiquiatras”, e hizo hincapié fundamentalmente en los “bajos salarios”.
Al momento del monitoreo, el servicio tenía una ocupación de 23 camas en el sector de hombres, y 10 en el de mujeres, mientras la capacidad total del dispositivo de internación es de 46 camas, 23 por sector.