La Defensoría del Pueblo acompaña y promueve la presentación del informe anual 2019 del Registro de Casos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, realizado por la Defensoría de Casación provincial, a cargo de Mario Coriolano, sobre hechos relevados entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019.
“Es fundamental prevenir, investigar y sancionar las torturas y otros tratos inhumanos que atentan contra los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires”, expresó el Defensor Guido Lorenzino.
Además agregó que “desde la Defensoría del Pueblo, insistimos en la necesidad de trabajar para erradicar la violencia institucional que muchas veces se lleva a cabo en ámbitos penitenciarios y policiales”.
El informe destaca que el 76% de los casos de violencia se le adjudican a funcionarios de la Policía Bonaerense, el 16% al Servicio Penitenciario y el restante 8% a otras fuerzas represivas. Los relatos incluyen desde golpes de puño hasta asfixia, quemaduras con cigarrillos, abusos sexuales, entre otros.
También detalla que el 32 % de los casos tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 19% ocurrió en la vía pública y el 13% en las comisarías en las que fueron detenidos en desobediencia de las prohibiciones legales, reiteradas incluso por la Suprema Corte.
Los registros evidencian que las comisarías de la provincia de Buenos Aires continúan siendo un ámbito que facilita la aplicación de torturas, aun cuando muchas fueron clausuradas en sus ámbitos para alojar personas.
El informe concluye con una serie de propuestas con el objetivo de prevenir y sancionar las torturas y otros tratos inhumanos ante la sistematicidad con que la violencia institucional es desplegada, entre las que se destacan: la implementación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y el cumplimiento de la ley 14.442 respecto de la independencia de la Defensa Pública, por ser los que mayor atención demandan en momentos de hacinamiento al que se le suma la situación de la pandemia.
Descargar informe AQUI
El informe destaca que el 76% de los casos de violencia se le adjudican a funcionarios de la Policía Bonaerense, el 16% al Servicio Penitenciario y el restante 8% a otras fuerzas represivas. Los relatos incluyen desde golpes de puño hasta asfixia, quemaduras con cigarrillos, abusos sexuales, entre otros.
También detalla que el 32 % de los casos tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 19% ocurrió en la vía pública y el 13% en las comisarías en las que fueron detenidos en desobediencia de las prohibiciones legales, reiteradas incluso por la Suprema Corte.
Los registros evidencian que las comisarías de la provincia de Buenos Aires continúan siendo un ámbito que facilita la aplicación de torturas, aun cuando muchas fueron clausuradas en sus ámbitos para alojar personas.
El informe concluye con una serie de propuestas con el objetivo de prevenir y sancionar las torturas y otros tratos inhumanos ante la sistematicidad con que la violencia institucional es desplegada, entre las que se destacan: la implementación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y el cumplimiento de la ley 14.442 respecto de la independencia de la Defensa Pública, por ser los que mayor atención demandan en momentos de hacinamiento al que se le suma la situación de la pandemia.
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