El 30 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En la provincia de Buenos Aires, los registros oficiales permiten ver un cambio claro: más prácticas dentro del sistema de salud, menos riesgo y más intervención del Estado a la hora de garantizar información, acceso y cuidado.
Desde el año 2020, la interrupción voluntaria y legal del embarazo es un derecho reconocido por la Ley 27.610. Entre 2020 y 2023, el registro provincial pasó de 14.330 prácticas en 2020 a 33.147 en 2021, 39.718 en 2022 y 40.883 en 2023 en efectores públicos.
En tres años, el número de interrupciones registradas casi se triplicó. Esto no significa que antes hubiera menos abortos, sino que una parte cada vez mayor de esas decisiones se ejerce dentro de circuitos formales de atención.
La modalidad de garantía del derecho también cambió en estos años. Antes, la interrupción del embarazo se asociaba sobre todo a prácticas quirúrgicas; hoy el registro provincial muestra un predominio claro de los abordajes farmacológicos.
En 2023, alrededor del 86 % de las interrupciones con dato consignado se realizó sólo con medicación, aproximadamente un 6 % combinó medicación e intervención quirúrgica y cerca del 1 % se resolvió únicamente por vía quirúrgica.
El acceso a información también condiciona el ejercicio del derecho, una proporción relevante de la población aún no sabe que puede acceder a una interrupción voluntaria o legal del embarazo segura ni dónde hacerlo. En esos casos, el derecho existe en la norma, pero no se traduce de manera plena en la práctica cotidiana.
Además de las brechas territoriales y de información que ya observaba la Defensoría, se suman desafíos que atraviesan el acceso efectivo al derecho:
- Desfinanciamiento de políticas de salud sexual y reproductiva, que afecta la provisión de anticonceptivos, misoprostol y mifepristona, y deja a provincias y municipios ante una demanda que no siempre pueden cubrir.
- Discursos públicos que buscan retroceder sobre derechos ya reconocidos. Esto puede impactar negativamente en los equipos de salud que deben garantizar la práctica.
- Falta de insumos y barreras territoriales, que profundizan desigualdades y dificultan el acceso en zonas rurales o alejadas de las grandes ciudades.
- Desinformación y estigmatización, que afecta a quienes necesitan abortar y a quienes trabajan garantizando este derecho, generando entornos hostiles para las consultas. A cinco años de la sanción de la ley, los datos señalan dos cuestiones centrales.
Por un lado, la incorporación de la IVE/ILE como derecho exigible ordena una demanda preexistente y la desplaza hacia prácticas más seguras y menos invasivas, bajo responsabilidad del sistema de salud. Por otro lado, persisten brechas territoriales, etarias e informacionales que limitan el ejercicio efectivo de ese derecho.
Para la Defensoría del Pueblo, este panorama marca una agenda clara: monitorear esas brechas, señalar los puntos críticos y exigir políticas públicas que garanticen que ninguna persona vea restringida su autonomía reproductiva por su lugar de residencia, por su condición socioeconómica o por falta de información.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires acompaña y asesora a personas que atraviesan situaciones vinculadas al acceso a la IVE, e interviene ante denuncias por impedimento u obstáculos en su ejercicio.