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El 8 de mayo de 1987, en el barrio de Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), tres jóvenes —Oscar Arades, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz— fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense. A uno de ellos, herido pero aún con vida, lo arrojaron en un zanjón. Recibió 18 disparos.
Este hecho, conocido como la Masacre de Budge, marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia institucional en democracia.
En su memoria, la Ley Nacional 26.811 estableció el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, con el objetivo de recordar todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad y promover políticas públicas que garanticen una seguridad respetuosa de los derechos fundamentales.
¿Qué es la violencia institucional?
Es toda acción u omisión ejercida por agentes del Estado —fuerzas de seguridad, penitenciarias, de salud o cualquier funcionario público— que viole los derechos de las personas, especialmente en contextos de detención, encierro o restricción de libertad.
Incluye:
-Detenciones arbitrarias
-Torturas o malos tratos
-Aislamientos indebido Abuso de autoridad
-Muertes bajo custodia estatal
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires trabaja contra la violencia institucional a través de:
-Monitoreo permanente de comisarías y lugares de encierro en todo el territorio bonaerense.
-Capacitaciones y actividades en escuelas para prevenir la violencia policial contra jóvenes.
-Recomendaciones legislativas, como la que propone la derogación del inciso “c” del artículo 15 de la Ley 13.482, que habilita detenciones por averiguación de identidad", amparando prácticas