La Relatora Especial sobre la Trata de Personas, especialmente Mujeres, Niños y Niñas, concluyó que "la coordinación de la lucha contra la trata es deficiente, especialmente entre los organismos públicos y entre las autoridades federales y provinciales", y que, si bien "el Ministerio de Justicia de la Nación ha creado una oficina especial para rescatar y asistir a las víctimas de la trata … esa oficina actúa principalmente en la provincia y la ciudad de Buenos Aires y no dispone de recursos suficientes para brindar asistencia y albergue con carácter permanente en otras provincias del país", además, "solo proporciona asistencia a las víctimas hasta que éstas prestan declaración en un proceso judicial; a partir de esa etapa se hace un escaso seguimiento de las víctimas. También faltan albergues apropiados y otros tipos de asistencia directa para las víctimas, incluidos los hombres" (párr. 85).

También afirmó que "la protección y el acceso a la justicia son inadecuados, incluso en el caso de la protección de los testigos de las víctimas y sus familiares antes y después del juicio" (párr. 86).

Por ello consideró necesario que se asignen "recursos suficientes a los servicios y organismos del Estado que se ocupan de la lucha contra la trata para que las medidas de protección y asistencia se apliquen en todo el país" (párr. 93.b), y se preste "una asistencia integral a las víctimas de la trata, teniendo plenamente en cuenta sus derechos humanos, con miras a su reintegración y rehabilitación"; de tal modo que "los programas de asistencia a las víctimas deberían aplicarse no solo en la ciudad de Buenos Aires sino también en todas las provincias, para atender a las víctimas de la trata y a las víctimas potenciales que podrían ser presas de los tratantes, sin discriminación por motivos de sexo, género y/u orientación sexual" (párr. 93.c).

1. A/HRC/17/35/Add. 4, 24 de mayo de 2011. Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Joy Ngozi Ezeilo.