Discapacidad, Adultos Mayores y Previsión Social
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La Dirección Ejecutiva Área Discapacidad, Adultos Mayores y Previsión Social atiende cuestiones vinculadas con la vulneración de derechos de las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y de aquellas que están incluidas en el sistema de previsión social.

Estos colectivos de personas tienen derechos basados en el principio de inclusión, en igualdad de condiciones con los demás, que garantizan la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y la de la Provincia de Buenos Aires y las leyes de la Nación Argentina y de la provincia de Buenos Aires y otras normas inferiores.

El Área Discapacidad, Adultos Mayores y Previsión Social de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires interviene ante reclamos relacionados con actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial y municipal y/o de prestadores de servicios públicos u organismos de Ley que vulneren los derechos de las personas incluidas en los grupos de su competencia.

Discapacidad

Los principios de la Defensoría del Pueblo en lo referente a la temática de la Discapacidad se enmarcan en los términos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), a la que Argentina suscribió en 2007 y ratificó en 2008, que la Ley 26.378 incorpora a la legislación nacional. La Ley 27.044 le otorgó a la Convención, a partir de 2014, jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.

Su Artículo 33, punto 2 hace referencia a la función de las Defensorías del Pueblo, como organismos de promoción y protección de derechos, con respecto a garantizar el cumplimiento efectivo de la Convención:

“Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción, de los derechos humanos.”


Artículo número 3: Principios generales

Los principios de la presente Convención serán:

  1. El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
  2. La no discriminación;
  3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
  4. El respeto a la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
  5. La igualdad de oportunidades;
  6. La accesibilidad;
  7. La igualdad entre el hombre y la mujer;
  8. El respecto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Artículo 8º Toma de conciencia

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:

  1. Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;
  2. Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;
  3. Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.

2. Las medidas a este fin incluyen:

  1. Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:
    1. Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;
    2. Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad;
    3. Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;
  2. Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad;
  3. Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención;
  4. Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.

Adultos Mayores

La Convención sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores fue aprobada en 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con la firma de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.

Tiene como objetivo exigir a los Estados que forman parte, la disposición de los recursos necesarios para garantizar el reconocimiento, el pleno goce y el ejercicio de los Derechos Humanos de las personas mayores del continente convirtiéndose, de esta manera, en un nuevo estándar americano y en una herramienta inédita a nivel mundial, siendo ésta la primera región del mundo que cuenta con un instrumento internacional vinculante para promover y proteger los derechos humanos de las personas mayores mientras se debate en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la incorporación de una convención de derechos de las personas adultas mayores al sistema internacional de derechos humanos.

Previsión Social

La Organización Internacional del Trabajo definió a la previsión social como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”

La necesidad universal de seguridad o previsión social ha sido reconocida como un derecho humano por la comunidad mundial. La realización efectiva de la seguridad social siempre ha sido un elemento fundamental del mandato de la OIT desde su creación en 1919. Este enfoque refleja tanto la condición que ocupa este concepto en el derecho internacional como su propio mandato constitucional. Se trata de un enfoque basado en los derechos; en otras palabras, a fin de garantizar la realización efectiva del derecho a la seguridad social, utilizando instrumentos jurídicos internacionales como punto de partida, principal referencia y base jurídica para el reconocimiento de la existencia de este derecho, y procura fundamentar todas las actividades de asistencia y asesoramiento relativas a las políticas en las normas internacionales en materia de seguridad social.

El derecho a la seguridad social ha sido reconocido como un derecho humano en dos instrumentos fundamentales de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y consagrado como tal en otros instrumentos jurídicos internacionales y regionales.


Temáticas frecuentes de reclamo:

Incumplimiento, dilación o denegatorias de trámites relacionados con:

  • Obras sociales y prepagas médicas.
  • Trámites de pensiones por discapacidad.
  • Asignaciones familiares por hijo con discapacidad.
  • Cupo laboral para personas con discapacidad.
  • Accesibilidad física, comunicacional o al transporte público de pasajeros.
  • Expedición de pasajes de media y larga distancia.
  • Gestión de pase de transporte.
  • Reajustes de peculios y de pensiones por discapacidad.
  • Tramitación o reajustes de jubilaciones y pensiones.

Vulneración de los derechos en su condición de personas con discapacidad o adultas mayores:

  • Proceso de insania-curatela y su remplazo por sistemas de apoyo.
  • Internación contra la voluntad.
  • Discriminación.
  • Maltrato.
  • Explotación.
  • Violencia en todos sus tipos y modalidades.
  • Abandono.
  • Abuso.

Ante cualquier duda o reclamo, contactate con la Defensoría del Pueblo, donde recibirá ayuda u orientación.