Comunicado Institucional
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#NI UNA MENOS 2016

El Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires entiende que el actual modelo de gestión de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires presenta deficiencias estructurales que impiden garantizar respuestas efectivas e integrales por parte del Estado.

A un año de la primera convocatoria #NiUnaMenos, y frente a la renovada consigna de movilización en todo el país, el OVG plantea 11 puntos que considera fundamentales para la definición de un Plan Provincial de POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES para la prevención, sanción y lucha contra la violencia de género:

1.- CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ÁREAS DE GÉNERO EN LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES CON PRESUPUESTO PROPIO. Este OVG plantea la necesidad de que se definan partidas presupuestarias con imputación específica, suficiente y con un enfoque de género transversal para todas las áreas de género. Sólo de este modo podrán desarrollarse políticas públicas que contemplen las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres en el acceso a derechos.

2.- FUNCIONAMIENTO DE LA MESA PROVINCIAL INTERSECTORIAL POR PARTE DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LAS MUJERES Y CONVOCATORIA A LOS MINISTERIOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRABAJO. Este OVG señala la relevancia de la Mesa Provincial Intersectorial (actualmente integrada por el Ministerio de Salud, la Dirección de Cultura y Educación, la Secretaria Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, la Procuración General y la Suprema Corte de Justicia) en la definición de políticas públicas integrales y articuladas y en el mantenimiento sostenido de una agenda política. Además de reclamar que esta Mesa vuelva a convocarse y funcione regularmente, el OVG, promueve la incorporación del Ministerio de Infraestructura y del Ministerio de Trabajo en la Mesa Intersectorial de Violencia Familiar a los fines de definir políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda, al empleo y al trabajo formal de las mujeres y que contemplen la conciliación entre las tareas de cuidado -que recaen mayormente en las mujeres- y el trabajo formal.

El OVG señala que es una prioridad acompañar y fortalecer con recursos humanos y presupuestarios a las Mesas Locales de Atención y Prevención de la Violencia Familiar que funcionan en los municipios.

3.- INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA LAS MUJERES Y SUS HIJOS QUE SE ENCUENTREN EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Establecer un régimen de asignación para quienes hayan sido víctimas violencia: prestación monetaria no retributiva de carácter mensual y con aportes previsionales equivalente a una categoría salarial fijada. Que incluya servicio de obra social gratuito para la solicitante y grupo familiar a cargo hasta tanto se inserte laboralmente.

4.- ACCESO A LA VIVIENDA DE LAS MUJERES Y PERSONAS TRANS Y TRAVESTIS. LOS REFUGIOS SON DE CARÁCTER TRANSITORIO PARA LA EMERGENCIA. Diseño e implementación de políticas públicas provinciales y programas que, contemplando la especificidad de las situaciones de violencia, prevean mecanismos de acceso a la vivienda para las mujeres y las personas trans y travestis. Este OVG considera que los refugios para mujeres víctimas de violencia son respuestas provisorias y a corto plazo frente a la problemática de las víctimas sin acceso a la vivienda o en período de espera hasta el dictado de las medidas de protección. Por su carácter transitorio no es posible considerar la creación o el acceso a refugios como una política pública que resuelva los problemas de la vivienda y las violencias contra las mujeres. Puede ser útil para atender la emergencia pero no permite a la víctima y su entorno desarrollar su vida y sus relaciones interpersonales de manera estable y autónoma, ni tomar definiciones en torno al desarrollo de un proyecto de vida. Es preciso favorecer desde el ejecutivo provincial el acceso a créditos para la construcción y adquisición de vivienda única y familiar, fomentar la inclusión en planes federales provinciales o municipales de viviendas en calidad de adjudicatarias, considerarlas principales beneficiarias de crédito bancarios para la adquisición de las mismas, establecer su participación prioritaria en planes de autoconstrucción de viviendas. En el mismo sentido deben comprometerse los gobiernos municipales.

5.- LICENCIAS LABORALES QUE CONTEMPLEN SITUACIONES DE VIOLENCIA. Previsión de licencias laborales y justificación de ausencias en el ámbito educativo para las mujeres y sus hijos que se desempeñen en ámbitos públicos y privados (régimen de contrato, planta permanente, autónoma o cualquier otra forma de empleo registrado o no) que estén atravesando situaciones de violencia de género.

6.- ACCESO AL EMPLEO PARA MUJERES Y PERSONAS TRANS Y TRAVESTIS. Definición de políticas públicas y programas, con metas temporales concretas, que favorezcan la inserción socio laboral contemplando itinerarios de inclusión individualizados. Que prevean programas formativos específicos e incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. Establecer acciones con empresas destinadas a favorecer la inclusión: incentivos para las que incorporen a víctimas de violencia de género; convenios para facilitar la contratación. Articulación con los gobiernos municipales a fines de establecer desde esos ámbitos herramientas de inclusión laboral: bolsas de trabajo, participación en cooperativas u otros diseños territoriales específicos.

7.- CREACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESCENTRALIZADOS. Deben conformarse con recursos humanos especializados, residenciales y no residenciales, asumiendo la misión de ofrecer atención integral de calidad, para mujeres, menores y personas dependientes que han sido víctimas de violencia de género (alojamiento, manutención, atención psicosocial, orientación jurídica, orientación laboral y seguridad) en coordinación con las instancias judiciales actuantes.

8.- DEFINICIÓN DE CANALES INSTITUCIONALES DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS, REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN SUS DISTINTAS MODALIDADES: violencia obstétrica, violencia institucional, mediática, contra la libertad reproductiva y laboral.

9.- REFORMAS EN EL ÁMBITO DEL PODER JUDICIAL y CREACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA y ÁREAS ESPECÍFICAS EN EL MINISTERIO PÚBLICO QUE GARANTICEN EL PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO. Ante el colapso de denuncias por violencia contra las mujeres, este OVG propone la puesta en marcha de nuevos Juzgados de Familia y fortalecimiento de los existentes en la provincia de Buenos Aires, que posibiliten mayor capacidad de recepción e instancias de seguimiento de causas de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.

Sugiere también la necesidad de transversalización de los procesos judiciales en donde todos y cada uno de los aspectos que surjan de la problemática (régimen de comunicación, responsabilidad parental, cuota alimentaria, división de sociedad conyugal, etc.) puedan ser tramitados y juzgados con perspectiva de género con independencia de si tramitan en el fuero especializado. Se propone la creación de áreas específicas dentro del Ministerio Público para el abordaje de causas de violencia contra las mujeres.

-Defensorías Oficiales especializadas para la representación judicial gratuita de mujeres víctimas de violencia familiar que solicitan medidas de protección ante los Juzgados de Familia, Juzgados de Paz y ante la justicia penal.

-Fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres en cada Departamento Judicial integradas por un Cuerpo de profesionales especializados/as, con funciones de establecer instancias de articulación con dependencias del ejecutivo nacional, provincial y municipales y con ONGS a los fines de realizar un abordaje integral de la violencia de género que contemple el acceso al trabajo formal, a la vivienda, al cuidado, a la atención psicológica, entre otros.

-Cuerpo de abogados/as dependientes del Ministerio Público Fiscal para representar judicialmente y en forma gratuita a las mujeres víctimas de violencia y a los familiares de aquellas mujeres que han sido asesinadas en contextos de violencia de género.

10.- CONTEMPLAR LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE MUJERES Y PERSONAS TRANS Y TRAVESTIS MIGRANTES. El 51 % de la población migrante reside en la provincia de Bs. As. Su situación de vulnerabilidad se agrava al no contar con redes familiares y comunitarias, desconocen las posibilidades y mecanismos de defensa de sus derechos, por las barreras idiomáticas, económicas y organizacionales o por instancias de rechazo y discriminación por parte de las instituciones del Estado que deben intervenir. Convenios con Consulados, subsidios, ayudas económicas especiales. Es necesario implementar desde el nivel del gobierno provincial mecanismos que favorezcan el acceso a derechos de mujeres y personas trans y travestis migrantes víctimas de violencia de género.

11.- MODIFICAR LA LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Es preciso adecuar la legislación provincial a la legislación nacional y a los estándares internacionales que reconocen además de la violencia familiar, otras modalidades de violencias contra las mujeres: institucional, obstétrica, laboral, mediática, contra la salud sexual y reproductiva.
Para bajar el volante con las propuestas del OVG, hacé clic aquí.
La Plata, 2 de junio de 2016
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires