Comunicado Institucional
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El OVG en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

El Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, junto a otras organizaciones, presentará tres Informes elaborados conjuntamente ante el comité de expertas de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

La presentación ante esta instancia de jerarquía constitucional en nuestro país se concretará el próximo 1 de noviembre en Ginebra, Suiza. El OVG ha brindado al Comité información sobre los temas que se enumeran a continuación:

1. Dificultades en la aplicación del marco normativo vigente en Argentina respecto a la violencia de género. El OVG advierte al Comité de la CEDAW acerca de las dificultades existentes en la aplicación de la normativa nacional referida a la violencia de género en los ámbitos provinciales y nacionales. Esta inadecuación legal es evidente en la normativa contravencional provincial y en la persistencia de ordenanzas municipales que son incompatibles con el ordenamiento nacional, por ejemplo en casos de ordenanzas que permiten la habilitación de lugares donde se explota sexualmente a mujeres y niñas. Otro ejemplo a resaltar es la persistencia en la legislación de la provincia de Buenos Aires de la mediación penal en casos de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres y la vigencia de leyes provinciales que no adecuan sus procedimientos y políticas públicas a lo establecido por la ley nacional de protección integral de las mujeres contra la violencia en sus relaciones interpersonales.

2. Femicidios y delitos relacionados con la violencia de género. Respecto a los femicidios, el OVG señala la disparidad de criterios que se utilizan para producir información desde el Estado nacional y los Estados provinciales. Muestra de ello es la información producida por el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Mientras que durante 2013 y 2014 no se inició ninguna investigación penal por femicidio en la provincia de Buenos Aires, en el año 2015 la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires publicó un informe señalando que habían ocurrido 97 femicidios.

El OVG informó acerca de la negativa de los y las funcionarios/as judiciales de caratular como como femicidios a las investigaciones penales que se inician por los homicidios de mujeres ocurridos en contextos de violencia de género.

En este contexto, el OVG señala al Comité CEDAW su preocupación frente a la investigación penal de delitos que preceden al femicidio, como amenazas y lesiones que son denunciados por las mujeres víctimas de violencia. El 75 % de las causas de amenazas y lesiones que presentan mujeres son archivadas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires. Para este OVG, la investigación y sanción penal por delitos de amenazas y lesiones constituye una responsabilidad del Estado en tanto actúa como una política preventiva de la violencia de género.

3. Políticas públicas contra la violencia de género. El OVG señala ante el Comité CEDAW que en la provincia de Buenos Aires se han concentrado los recursos presupuestarios y profesionales en la creación de dispositivos institucionales que atienden las denuncias en sede policial y judicial para el acompañamiento en el inicio de la etapa del proceso, pero no contemplan mecanismos integrales para el seguimiento de la atención de las mujeres que han sufrido situaciones de violencia. Desde el gobierno provincial no se han definido políticas y programas dedicados a mejorar el acceso de las mujeres a la tierra, a la vivienda y al empleo formal.

Si bien la Ley 26.485 identifica distintas manifestaciones y ámbitos en los que se produce la violencia contra las mujeres, la mayoría de los esfuerzos públicos de la provincia de Buenos Aires y del ámbito nacional se han concentrado largamente en la violencia familiar. Respecto a otras modalidades de violencia contra las mujeres, el OVG señala las dificultades que se presentan tanto en el ámbito nacional como provincial para dar una respuesta efectiva por parte del Estado a las personas que denuncian. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el OVG recibió más de 60 quejas por violencia obstétrica. A pesar de eso, no hay registros de sanciones a profesional médico por haber ejercido violencia obstétrica a partir de estas denuncias.

4. Mujeres víctimas de violencia de género y acceso a la justicia. Uno de los problemas que se constata en la justicia de la provincia de Buenos Aires es la falta de conexidad entre las causas iniciadas por una misma mujer contra el mismo agresor. En general, una mujer realiza varias denuncias por diferentes hechos de violencia familiar que promueven causas judiciales, las cuales se tramitan en uno o varios fueros (el de Familia, en los Juzgados de Paz para el cese de las situaciones de violencia y/o el dictado de medidas de protección, o en el Fuero Penal cuando aparecen delitos como amenazas, lesiones, intentos de homicidios, homicidios) sin que las causas se conecten entre sí.

En la provincia de Buenos Aires una resolución de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia recomienda unificar las causas iniciadas por la misma víctima, pero ello se ha interpretado de formas diversas, lo cual redunda en que las causas interpuestas por las mujeres víctimas se siguen substanciando en distintas fiscalías.

El OVG señala además que la falta de articulación entre los poderes Judicial y Ejecutivo se verifica en la gran cantidad de casos de mujeres asesinadas en todo el país, aunque tuvieran dictadas medidas de protección. En este sentido, el OVG ha elaborado una recomendación que establece la necesidad de crear un sistema de registro unificado de violencia contra las mujeres, compartido por los distintos fueros del Poder Judicial – en sus niveles nacional y provincial- y de éstos con las áreas ejecutivas.

5. Mujeres migrantes y acceso a la justicia. El OVG señala con preocupación ante el Comité CEDAW que la condición de migrantes de las mujeres criminalizadas en procesos judiciales es invisibilizada, operando como verdadera desventaja para el acceso a la justicia. El desarraigo y la carencia de vínculos familiares en el lugar de residencia producen contextos de aislamiento que favorecen situaciones de violencia contra las mujeres migrantes.

El OVG presentó ante el Comité CEDAW el caso de Celina Benítez, quien fuera detenida por la muerte de su hija. La niña presentaba huellas de abuso sexual y lesiones -desde golpes hasta quemaduras- en todo el cuerpo. Pocas horas después de su muerte, Celina y su pareja fueron detenidos/as por orden de la fiscal Carolina Carballido Calatayud, titular de la Unidad Especializada en Violencia de Género de Derqui, Departamento Judicial de San Isidro, quien acusó a Celina de abandono de persona por no haber garantizado el bienestar de su hija. La Fiscal no contempló que Celina era víctima de violencia, y que como sucede en tantos otros casos, la violencia contra los/as niños/as es parte del castigo contra las mujeres.

6. Respecto al patrocinio jurídico gratuito. Una de las mayores dificultades que encuentran las mujeres es el acceso al patrocinio jurídico gratuito para la tramitación de las causas que se iniciarán a partir de la denuncia. Recientemente, se sancionó la Ley 27.210, que crea el Cuerpo de Abogados en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con el fin de brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género, así como la ejercida por razones de identidad de género u orientación sexual. Sin embargo, esta legislación aún no ha sido implementada, ni se le ha designado presupuesto.

Por ello el OVG señal a la necesidad de designar una partida presupuestaria acorde a la magnitud del requerimiento del patrocinio jurídico en el ámbito nacional y sobre todo provincial.

7. Áreas específicas de violencia de género en los ámbitos judiciales. El OVG manifestó su preocupación por las reformas que se impulsan desde el gobierno nacional para modificar la organización del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y señaló la necesidad de mantener las áreas especificas existentes a nivel nacional e impulsar la creación de áreas específicas referidas a la violencia de género en el ámbito del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal de las provincias. Estas áreas son fundamentales para cumplir desde el Estado con la obligación de investigar y sancionar los delitos con perspectiva de género.

8. Trata y explotación sexual. Además del marco de regulación nacional, en la provincia de Buenos Aires se encuentra vigente la normativa contravencional provincial –y a nivel de los municipios, una gran variedad de ordenanzas municipales que son incompatibles con el ordenamiento nacional referido a trata de personas con fines de explotación sexual. Por ejemplo, según un relevamiento realizado por el OVG, entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, 62 poseen alguna ordenanza que regula el rubro, 43 de ellos toleran de alguna manera la habilitación de locales tipo cabaret y 19 la prohíben.

9. Mujeres trans y violencia policial. El OVG señala la ausencia de mecanismos oficiales de recolección de datos, lo que invisibilizan las violencias producidas contra las personas y obstaculizan la respuesta efectiva de los Estados. Sin embargo, este OVG ha registrado actos de violencia, persecución y hostigamiento hacia personas trans y travestis ocurridos durante los cuatro años que se informan al Comité y que han ido en aumento en los últimos meses. Desde el OVG se ha informado al Comité CEDAW sobre actos de violencia, persecución y hostigamiento en operativos llevados a cabo por la Policía de la provincia de Buenos Aires sin denuncias previas ni en el marco de operativos identificados o investigaciones penales en curso. Estos procedimientos han redundado en el aumento de causas penales y detenciones de personas trans y travestis por delitos vinculados a la tenencia de drogas con fines de comercialización y contravenciones.

El OVG informó al Comité de la CEDAW sobre las condiciones y el régimen de detención de personas trans en cárceles provinciales -requisas, traslados, alojamiento, régimen de visitas, acceso a la salud- resaltando la necesidad de una recomendación al Estafo argentino para que defina políticas penitenciarias adecuadas a la normativa vigente en materia de identidad de género y derechos humanos.

10. Mujeres trans y acceso a los derechos económicos y sociales. El OVG informó al Comité CEDAW que en la provincia de Buenos Aires se sancionó el 17 de septiembre de 2015 la Ley 14.783 de Cupo Laboral Trans. La ley establece la creación en el sector público bonaerense de un cupo mínimo de al menos el 1% de los empleos para el colectivo travestis, transexuales y transgénero. La ley aún no está reglamentada. Se advierte que este proceso de reglamentación se lleva a cabo en un contexto de despidos de empleadas y empleados públicos y de congelamiento de vacantes para el ingreso de puestos de trabajo en las esferas estatales. Por decreto, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires impidió la incorporación de nuevos/as empleados/as estatales por el plazo de un año.

El OVG presentó en sus informes el caso de Valentina Pereyra, trabajadora trans del municipio de La Plata, quien interpuso una demanda para que se ordene la reincorporación urgente a su puesto de trabajo, dando así cumplimiento de la ley provincial de cupo laboral. Valentina trabajó en el Municipio de La Plata desde el 1° de septiembre de 2013 hasta diciembre de 2015, fecha en que las autoridades municipales recientemente electas decidieron cerrar el programa donde ella se desempeñaba y no renovarle el contrato. El OVG presentó distintos informes y amicus en al causas judicial y elevó el caso a la Relatoría de Personas LGTBI de la OEA.

11. Mujeres encarceladas en la provincia de Buenos Aires. El OVG realizó un seguimiento de las últimas recomendaciones realizadas por el Comité CEDAW en el año 2010 al Estado argentino y señala su incumplimiento. Este incumplimiento se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, en el aumento de mujeres encarceladas -la mayoría son encarceladas por delitos referidos a la venta y transporte de drogas-, la falta de programas adecuados en materia de salud, las persistentes prácticas de violencia, malos tratos, torturas de las que son objeto las detenidas, y la recurrencia a estereotipos en las posibilidades de empleos en las cárceles. Todo ello se traduce en un agravamiento ilegítimo de sus condiciones de detención y en hechos de violencia y discriminación de las mujeres encarceladas.

12. Acciones que privilegian la salud de las mujeres por sobre la criminalización del aborto.
El OVG presentó a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires aportes para la definición de directrices que dispongan la anulación de investigaciones penales cuando se originan por denuncias de personal de salud que transgrede su obligación de respetar la confidencialidad y el secreto profesional. Ello, por cuanto se ha relevado que las mujeres que concurren a un centro de salud buscando auxilio médico, no pueden sopesar su resguardo a la integridad física por temor a ser denunciadas. Los efectores de salud, por su parte, se encuentran obligados a mantener reserva de la información que obtengan en el marco de su accionar médico o sanitario

Los casos revisados por el OVG alertan sobre el uso extendido de soluciones abreviadas sin que se profundicen líneas de investigación que permitan identificar las redes de ilegalidad que subyacen en cada caso, y los obstáculos que aún persisten para acceder a medidas alternativas a la prisión.

Por ello, el OVG elaboró una propuesta de recomendación para modificar los criterios de criminalización y encierro de mujeres que se proyecta en el uso abusivo de la prisión preventiva. En ella, se propone promover el uso de alternativas a la prisionización en casos de delitos de drogas de baja envergadura cometidos por mujeres cabezas de familia, y garantizar desde el Poder Ejecutivo la definición de políticas públicas que acompañen el acceso a formas alternativas de detención en todos los casos correspondientes y regularicen el régimen de vida bajo dicha modalidad de detención.
Para acceder al documento de resumen de los lineamientos del OVG en CEDAW y los Informes, ingrese al micrositio del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo haciendo clic aquí.
La Plata, 27 de octubre de 2016
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires